Seguimos siendo testigos de actos que se colocan en esa delgada línea entre abuso y seguridad, donde gracias a vacíos legales algunas personas, y gobiernos en este caso, abusan de su poder para sacarse argumentos bajo la gastada frase “en pro de la seguridad” y así atentar contra la privacidad de sus ciudadanos.
Hoy nuevamente estamos ante un caso de abuso que busca justificarse en el argumento de la seguridad nacional, pero curiosamente no ocurre en Estados Unidos como comúnmente sucede, no, ahora es en Canadá donde han arrestado a un ciudadano al no querer proporcionar su contraseña del móvil cuando un oficial de seguridad se lo ha solicitado al entrar al país.
Elige: ¿privacidad o seguridad?
Hoy CBC ha dado a conocer una historia que está causando mucho ruido y controversia no sólo en aquel país sino que empieza a llegar a todo el mundo por lo delicado de la situación.
El pasado lunes Alain Philippon, ciudadano canadiense de 38 años, llegaba al aeropuerto internacional de Halifax-Stanfield en Enfield, Canadá, después de visitar por unos días República Dominicana. Al llegar a uno de los puntos de seguridad del aeropuerto un agente fronterizo le solicitó su BlackBerry y la clave de desbloqueo, a lo que el señor Philippon se negó rotundamente bajo el argumento de que se trataba de un atentado contra su privacidad, ya que la información contenida en su móvil es personal.
Al negarse a dar su contraseña, el señor Philippon fue arrestado por “faltas incluidas en la sección 153.1 de obstrucción a las labores de un oficial” y ahora enfrenta cargos por esta falta y por la que ha tenido que pagar una fianza para estar en libertad mientras es citado a tribunales para su juicio el próximo mes de mayo.
Esto abre nuevamente el debate hacia los limites y obligaciones que tiene el gobierno hacia los ciudadanos, ya que se trata de la primera vez que un ciudadano canadiense es arrestado por esta causa, la cual ni siquiera ha sido aprobada y actualmente se encuentra en debate para ser implementada, por ello vemos que los cargos son hacia una “posible” obstrucción de labores y no como una falta que esté estipulada en la ley.
Por poner un ejemplo, en Estados Unidos la Quinta Enmienda protege a los ciudadanos de la auto-incriminación forzada, es decir, nadie puede ser obligado a divulgar conocimiento que lleve a poner en riesgo su privacidad o libertad, esto último en caso de que sea culpable. Algo similar a lo ocurrido en noviembre de 2014 en el caso de David Baust.
Desconozco en qué vaya a terminar el caso del señor Alain Philippon, pero lo que sin duda hay que perseguir es la idea de abandonar nuestros derechos como individuos y dejar de lado el famoso“no tengo nada que ocultar” ya que no se trata de tener algo que nos inculpe, simplemente se trata de definir bien esa línea entre seguridad y privacidad, ya que no tenemos porqué elegir una de las dos cuando ambas pueden convivir y sin perjudicar a nadie.
