Como quizás ya sepas, el gobierno del Partido Popular aprobó el pasado 5 de noviembre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Entre otras medidas, propone la persecución de webs que “ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces […] con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio”, estableciendo sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros. El Gobierno también está trabajando con unareforma del código penal que convertiría estas infracciones en delito penal, con penas que podrían llegar a los 6 años de cárcel.
Nos parece que esta ley está redactada desde el desconocimiento de Internet, un medio que está transformando el acceso a la información y la relación entre la ciudadanía y el poder. El enlace es la pieza sobre la que se fundamenta la red, y la ley prevé criminalizarlo, a la vez que puede obligar a tu operador a impedirte acceder a determinadas páginas web. Curiosamente la ley excluye explícitamente de cualquier responsabilidad a los buscadores, aunque estos son las principales páginas que enlazan a contenidos sin derechos.
